Muchas veces tanto intérpretes como personas sordas desconocen cuáles son los ámbitos en los que el intérprete puede o debe realizar su trabajo. He aquí una pequeña guía de qué es prioritario y quién debe sufragar los costes.
Cualquier servicio que esté garantizado por las leyes civiles de cada país debería ser interpretado y costeado por el estado. Por ejemplo en el caso de Ecuador o España, la sanidad es estatal y gratuita; por lo que los servicios de interpretación en médicos deben correr a cuenta del estado. En el caso de los EEUU no, ya que allí la sanidad no está (de momento) dentro de los servicios que ofrece el estado. La justicia es otro ejemplo, además de a un abogado, las personas sordas deben tener derecho a un intérprete libre y gratuito.
En el caso de servicios con empresas privadas como bancos o universidades; son las intituciones las que deben costear el servicio de interpretación, ya que la persona sorda es un cliente y como tal necesita la atención correcta.
Si se trata de una persona con movilidad reducida, las empresas colocan rampas en sus instalaciones; no se nos ocurriría que una persona en silla de ruedas traiga la rampa desde su casa. Lo mismo ocurre con las personas sordas, la adaptación necesaria (el intérprete) debe correr a cargo de la entidad.
Otros servicios de carácter privado como misas, bodas, cumpleaños, etc… sí corren a cargo de la persona sorda, ya que no están incluidos en los derechos civiles. No obstante, en países donde estado y religión no están separados el estado sí debe hacerse cargo de estos servicios. Es el caso de algunos países árabes. Si la ley me obliga a rezar 5 veces al día, el estado debe proveerme de un intérprete para saber qué está diciendo el imán.
Una vez que estamos en una situación de interpretación, lo que se interpreta y lo que no puede consultarse en el post “¿Qué interpreta un ILSE?”.
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