La caridad es el corazón de la jurisprudencia; al menos en lo que atañe a las discapacidades.
La mayoría de las religiones (no confundamos religión con cristianismo) nos hablan de que debemos aceptarnos todos, ayudarnos, ser buenos los unos con los otros, etc… es decir, querer a los demás como a nosotros mismos. Muchas veces hemos oído eso de:
“Trata a los demás como quieres que te traten.”
Esta forma de pensar ha motivado que durante años, muchas personas hayan ayudado a las personas con discapacidad por humanidad. De ver la discapacidad como un castigo, se pasó a entender que son personas que necesitan ayuda. La beneficencia, la caridad, las fundaciones de ayuda, etc. se basaban en este sentimiento.
Con el paso del tiempo, este tipo de ayudas se convirtieron en derechos. Se entendía que las personas con discapacidad tenían los mismos derechos (y obligaciones) que el resto de la sociedad.
Por lo tanto se paso de una visión de «ayuda» a una visión de «igualdad». Un ejemplo es la ley aprobada en España en 2006, la llamada Ley de Dependencia. En ella se entendía que una persona por tener un familiar dependiente (con discapacidad, anciano, accidentado, etc…) no tenía por que estar atado a su cuidado toda su vida. Por lo que el estado debía proveer de los medios necesarios para que estas personas estuvieran atendidas sin afectar a la vida de las personas de su entorno. Bien por la intervención de los servicios sociales (asistentes, enfermeros, acompañantes, etc…), bien por el uso de nuevas tecnologías (andadores, salva escaleras, tele avisos).
Las personas con discapacidad adquirían entonces el estatus de ciudadanos de primera, ya que no dependían de la caridad de otras personas. Sin embargo la visión de “ayuda” sigue estando presente, por desgracia, entre muchos políticos.
Un claro caso es el de España, que debido a la crisis ha recortado más de un 20% el gasto social, en el que está incluido las «ayudas» a personas con discapacidad. Esta situación ha provocado el atropello de los derechos a muchas personas.
Un ejemplo son un grupo de alumnos sordos de la Universidad Complutense de Madrid. Ya que esta institución decidió suprimir el servicio de interpretación en lengua de signos profesional porque «no había fondos».
¿Eliminaríamos las rampas de acceso o los ascensores si no hubiera dinero?
Si un día caminamos por la calle y nos topamos con una persona muerta, lo normal es que avisemos a la policía. Pero, se imaginan que la policía nos detiene y nos acusa de haberla matado por estar cerca de donde apareció. Lo normal es que tengamos derecho a defendernos y a un abogado. Pero… y si con la excusa de que «no hay dinero» nos proponen lo siguiente:
«La pena por asesinato son 10 años, si no la ha matado es usted libre; pero como no hay dinero para el juicio ni su abogado, le vamos a meter 5 años en la cárcel y listo.»
En el caso de las personas con discapacidad ocurre lo mismo. Las “ayudas” no son ayudas; son derechos, y no se pueden recortar en función de la economía.
Esta visión de la discapacidad propicia que, cada vez más, los programas de ayuda a las personas con discapacidad que apelan a la pena, la sensiblería o el dar lástima sean cada vez más criticados.
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