Ecuador es un país con una riqueza lingüística única: además del español, conviven oficialmente 13 lenguas indígenas que forman parte esencial de la identidad cultural nacional. Sin embargo, actualmente no existe un sistema de certificación para intérpretes y traductores de estas lenguas, lo que pone en riesgo su preservación y transmisión.

He aquí la importancia de aprender idiomas.
La falta de reconocimiento oficial limita el acceso a servicios básicos, como la justicia y la salud, para comunidades que hablan lenguas originarias. Además, sin formación adecuada, los errores en la interpretación pueden generar graves consecuencias. Por ello, es urgente implementar una política lingüística que promueva la interculturalidad, el respeto a los derechos lingüísticos y la diversidad.
Países como Canadá, Nueva Zelanda y Colombia ya cuentan con modelos de certificación y remuneración que podrían adaptarse a la realidad ecuatoriana. Estos modelos validan no solo las competencias lingüísticas, sino también el conocimiento cultural, ético y legal de los profesionales.
La propuesta busca establecer un sistema integral que reconozca y profesionalice el trabajo de los mediadores lingüísticos, fortaleciendo los derechos de los pueblos originarios y promoviendo una sociedad más equitativa. Este sistema permitiría mejorar la calidad de las traducciones, garantizar procesos judiciales más justos y ofrecer atención médica respetuosa con la cosmovisión indígena.
En definitiva, ver las lenguas indígenas como un valor nacional y no como una barrera es clave para construir un Ecuador más inclusivo. La implementación de esta política lingüística será un paso firme hacia la visibilidad, el reconocimiento y la preservación de las lenguas originarias.

Esto también se debe a la crisis que está pasando nuestro país.